El presidente Evo Morales convocó el jueves a un referendo para aprobar el próximo 7 de diciembre la nueva Constitución de corte estatista e indigenista, que prefectos (gobernadores) opositores de cinco de los nueve departamentos de Bolivia anunciaron de antemano que rechazarán.
Mediante un decreto anunciado en el presidencial Palacio Quemado, el gobierno también llamó para la misma fecha a otro referendo para dirimir la máxima extensión de tierras privadas agrícolas.
"Se decreta fijar la fecha del referendo nacional constituyente, dirimitorio y aprobatorio (....) para el 7 de diciembre de 2008", señala uno de los artículos del decreto, leído por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"Es un día histórico, porque el decreto garantiza la aprobación de la nueva Constitución", aseguró Morales.
"Estamos hablando de transformaciones profundas en democracia", dijo, agregando que la aprobación del decreto obedece a "un mandato del pueblo", en referencia al mayoritario respaldo (67,4%) que recibió en el referendo revocatorio del pasado 10 de agosto.
En la primera reacción, la poderosa prefectura de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, rechazó el decreto emitido por Morales.
"Rechazamos las políticas que quiere imponer el gobierno a través de un decretazo", sentenció el secretario general de la prefectura de Santa Cruz, Rolando Aguilera, quien acusó al presidente de "no buscar un acercamiento real entre partes".
El funcionario, brazo derecho del prefecto Rubén Costas -considerado el principal opositor de Morales-, señaló que la "población exige un acercamiento de paz y no una imposición a través de decretos" que a su juicio "sepultarán la democracia".
La decisión del mandatario indígena se produce pocas horas después del anuncio de los prefectos de cinco departamentos opositores de que resistirán el decreto y no permitirán la realización del referendo constitucional en sus regiones.
Los opositores alegan que la nueva Carta Magna fue aprobada en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente de manera irregular, sin debate ni consenso.
Previo al anuncio del gobierno, los prefectos y líderes cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca anunciaron que radicalizarán sus protestas en rechazo al referendo.
"Se ha llegado al acuerdo de que en caso de que el gobierno quiera imponer su ilegal referendo, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios", anunció el prefecto de Tarija, Mario Cossío, tras una reunión el miércoles con sus colegas rebeldes en la sureña localidad de Villamontes.
Esa localidad, situada en el Chaco boliviano y una de las más ricas regiones gasíferas, es el epicentro de las protestas de opositores que desde el pasado lunes cortan las rutas fronterizas con Argentina y Paraguay.
El ambiente está tan radicalizado que la noche del miércoles Morales, de visita en una región boliviana, se vio obligado a utilizar un aeropuerto brasileño para regresar a la Paz debido a que jóvenes radicales impidieron el reabastecimiento de su helicóptero.
Morales debió entonces viajar por tierra a Brasil donde esperó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana que aterrizó en Guajará-Mirim y lo llevó de regreso a La Paz.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que el gobierno quiere aprobar su nueva Constitución por decreto y que "no estamos de acuerdo y estamos luchando en favor de una democracia que quiere ser sometida por una dictadura sindical".
Fernández recordó que los prefectos de la oposición ratificaron su pedido para que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica medien en el conflicto boliviano.
Bolivia atraviesa una aguda crisis política por las visiones irreconciliables del Ejecutivo que defiende una política indigenista y estatista, mientras que la oposición apuntala la formación de gobiernos autónomos de cuño liberal.
Mediante un decreto anunciado en el presidencial Palacio Quemado, el gobierno también llamó para la misma fecha a otro referendo para dirimir la máxima extensión de tierras privadas agrícolas.
"Se decreta fijar la fecha del referendo nacional constituyente, dirimitorio y aprobatorio (....) para el 7 de diciembre de 2008", señala uno de los artículos del decreto, leído por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
"Es un día histórico, porque el decreto garantiza la aprobación de la nueva Constitución", aseguró Morales.
"Estamos hablando de transformaciones profundas en democracia", dijo, agregando que la aprobación del decreto obedece a "un mandato del pueblo", en referencia al mayoritario respaldo (67,4%) que recibió en el referendo revocatorio del pasado 10 de agosto.
En la primera reacción, la poderosa prefectura de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, rechazó el decreto emitido por Morales.
"Rechazamos las políticas que quiere imponer el gobierno a través de un decretazo", sentenció el secretario general de la prefectura de Santa Cruz, Rolando Aguilera, quien acusó al presidente de "no buscar un acercamiento real entre partes".
El funcionario, brazo derecho del prefecto Rubén Costas -considerado el principal opositor de Morales-, señaló que la "población exige un acercamiento de paz y no una imposición a través de decretos" que a su juicio "sepultarán la democracia".
La decisión del mandatario indígena se produce pocas horas después del anuncio de los prefectos de cinco departamentos opositores de que resistirán el decreto y no permitirán la realización del referendo constitucional en sus regiones.
Los opositores alegan que la nueva Carta Magna fue aprobada en diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente de manera irregular, sin debate ni consenso.
Previo al anuncio del gobierno, los prefectos y líderes cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca anunciaron que radicalizarán sus protestas en rechazo al referendo.
"Se ha llegado al acuerdo de que en caso de que el gobierno quiera imponer su ilegal referendo, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios", anunció el prefecto de Tarija, Mario Cossío, tras una reunión el miércoles con sus colegas rebeldes en la sureña localidad de Villamontes.
Esa localidad, situada en el Chaco boliviano y una de las más ricas regiones gasíferas, es el epicentro de las protestas de opositores que desde el pasado lunes cortan las rutas fronterizas con Argentina y Paraguay.
El ambiente está tan radicalizado que la noche del miércoles Morales, de visita en una región boliviana, se vio obligado a utilizar un aeropuerto brasileño para regresar a la Paz debido a que jóvenes radicales impidieron el reabastecimiento de su helicóptero.
Morales debió entonces viajar por tierra a Brasil donde esperó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana que aterrizó en Guajará-Mirim y lo llevó de regreso a La Paz.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, dijo que el gobierno quiere aprobar su nueva Constitución por decreto y que "no estamos de acuerdo y estamos luchando en favor de una democracia que quiere ser sometida por una dictadura sindical".
Fernández recordó que los prefectos de la oposición ratificaron su pedido para que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia católica medien en el conflicto boliviano.
Bolivia atraviesa una aguda crisis política por las visiones irreconciliables del Ejecutivo que defiende una política indigenista y estatista, mientras que la oposición apuntala la formación de gobiernos autónomos de cuño liberal.
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